Irlanda del Norte despenaliza el aborto y legaliza matrimonio igualitario / Foto: Twitter

Irlanda del Norte despenaliza el aborto y legaliza matrimonio igualitario

El aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron legalizados este martes 22 de octubre en Irlanda del Norte, por decisión del Parlamento británico, a pesar de un último intento de los miembros de la Asamblea regional norirlandesa de anular la legislación de Westminster .

De acuerdo con la nueva legislación, las mujeres que buscan acceso al aborto en Irlanda del Norte no serán procesadas, las investigaciones de abortos ilegales ya no serán perseguidas y los enjuiciamientos actualmente en curso se suspenderán.

Según la nueva legislación, presentada por Westminster en julio, el matrimonio entre personas del mismo sexo también se está legalizando, y las personas que sufrieron lesiones físicas o psicológicas graves recibirán pensiones anuales.

Irlanda tiene que acatar la legislación

Sin ejecutivo regional desde enero de 2017 a raíz de un escándalo político-financiero, la provincia de Irlanda del Norte tiene a todas sus instituciones autónomas paralizadas y sus asuntos corrientes son gestionados desde Londres.

Los diputados británicos de Westminster aprobaron en julio pasado enmiendas destinadas extender a la provincia el derecho al aborto y el matrimonio homosexual si no se formaba un gobierno antes del 21 de octubre, por lo que los cambios entraron en vigor a la medianoche de Belfast.

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Desde hace varias semanas, mujeres feministas y defensoras de derechos humanos, lanzaron una petición en la plataforma Change.org en a que exigen a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y legisladores desechar iniciativas que intentan legalizar la prostitución, al violentar los derechos humanos de las mujeres ya que la prostitución no es un trabajo sino un un sistema de explotación y violencia a las mujeres.

Lo anterior se ha derivado luego de que el diputado de Morena, Temístocles Villanueva, propuso desde hace varias semanas la Ley de Trabajadores No Asalariado con la cual se pretende crear una licencia para prostitución y una tarifa única por servicio, esto atentando contra los derechos humanos de las mujeres y fomentando la explotación sexual

  • El dato: Temístocles Villanueva, preside la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Ciudad de México, e impulsa las iniciativas, en la que se contempla que autoridades cobren una cuota a las mujeres que ejercen la prostitución.

A continuación la petición:

CATWLAC Coalition Against Trafficking in Women & Girls ha iniciado esta petición dirigida a DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CDMX Y MTA CLAUDIA SHEINBAUM y 63 otros/as

A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRIMERA LEGISLATURA: A LA MTA. CLAUDIA SHEIMBAUM, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO:

En México los tratados internacionales son mandatos constitucionales a partir de la reforma al Artículo 1º. Constitucional del 10 de junio de 2011. Entre ellos se encuentran el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (Convención del 49 ratificada en 1951); Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés, ratificada en 1981); Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños/as que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada (ratificado en diciembre de 2003).

Por lo anterior, México y todas sus entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, tienen la obligación inexcusable de contribuir a la eliminación de cualquier forma de explotación sexual y de violencia sexual, trabajar hacia la prevención, la erradicación de la prostitución y la protección de las víctimas. Todas las políticas que justifican, promueven o califican la prostitución como “trabajo sexual” son incompatibles con la legislación internacional en materia de Derechos Humanos, e incumplen los compromisos internacionalmente adquiridos por nuestro país.

El fenómeno de la prostitución tratado con ligereza en aras de una supuesta postura progresista, enmascara el contenido siniestro de la trata y la explotación sexual, que son actos criminales y que están tipificados como delito en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de estos Delitos (de julio del 2012).

El llamado “consentimiento –o política de elección personal”, se basa en una visión liberal occidental de los derechos humanos que eleva la voluntad y las elecciones individuales por encima de todos los otros derechos humanos y de toda noción de bien común (BARRY, 1995).

Por lo tanto, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 de la Convenio para la Represión de la Trata de Personas y para la Abolición de la Prostitución Ajena (Ratificada por nuestro país en 1956), que a la letra dice:

…”ARTÍCULO 6
Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación…”

Cualquier acto legislativo en México debe regirse por los siguientes principios:

a)   Los países no pueden reglamentar la prostitución o someter a las mujeres a registros o a otros controles.
b)   El “consentimiento” no puede ser utilizado como instrumento de defensa de los acusados o como excluyente del delito.
c)   La prostitución no puede ser reconocida como un trabajo.
d)   No se puede hacer distinción entre prostitución “libre” y “forzada”.
e)   La trata con fines de prostitución y “la explotación de la prostitución ajena” no pueden estar disociadas porque es un negocio ilícito que se rige por la Ley de la Oferta y la Demanda.

La trata, la prostitución y la explotación sexual de mujeres y niñas en el mundo y en México, determinan y condicionan el orden social basado en la desigualdad y la violencia, constituyendo una seria amenaza para el desarrollo de la paz, la igualdad de género y la democracia.

Pero, además, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, ratificada por nuestro país en 1981, establece entre otras cosas:

Preámbulo.

…”El espíritu de la Convención tiene su origen en los objetivos de las Naciones Unidas: reafirmar los derechos humanos fundamentales, la dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres. La Convención define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla. En este sentido, la Convención establece no sólo una declaración internacional de derechos para la mujer, sino también un programa de acción para que los Estados Parte garanticen el goce de esos derechos…”

Por lo que cualquier acción que se intentara en el Congreso de la Ciudad de México para reglamentar la prostitución estaría atentando contra principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos y contra los derechos de las mujeres y las niñas, en tanto el 85% de las personas en situación de prostitución son del sexo femenino.

Aún más, los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno están obligados a lo que establece el Artículo 6 de la Convención, que a la letra dice:

Artículo 6
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.

Pese a todo lo anterior, contraviniendo los tratados internacionales, en enero de 2014 la Jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal resolvió que sancionar el “trabajo sexual” es “inconstitucional” y ordenó a la Secretaría del Trabajo del DF otorgar credenciales a las personas sexoservidoras para “proteger sus derechos laborales”, sin ningún sistema de verificación sobre la autonomía o autodeterminación de quienes solicitan las credenciales de trabajadoras no asalariadas, que hasta entonces ascendía a 177 personas.

Dicha sentencia de amparo es una tesis aislada y no una tesis jurisprudencial, que, de ninguna manera, puede constituirse en una norma en sí misma, sólo puede aplicarse a quienes solicitaron el amparo.

La fracción segunda del Artículo 107 de la Constitución General de la República establece que, en materia del juicio de amparo, “la sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare”.

La tendencia mundial en relación con la prostitución, está encaminada a legislar e implementar políticas de prevención y salida de la prostitución, con una amplia gama de apoyos a las víctimas, despenalizando la prostitución, sancionando al cliente y penalizando la publicidad de contacto sexual. Así se constata en Suecia (1999), Noruega, Islandia, Irlanda del Norte, Filipinas, Korea, Canadá, Francia, Israel, Guatemala y El Salvador. En abril de 2016 la Asamblea Nacional Francesa adoptó una ley contra el sistema prostitucional, a favor del acompañamiento y apoyo integral a las víctimas y la prohibición de la compra de cualquier acto sexual.

En las experiencias de otros países el reconocimiento de la prostitución como trabajo no asalariado y su despenalización resulta contrario a la exigibilidad de derechos, porque:

1. Es un regalo para los proxenetas, los traficantes y la industria del sexo.
2. Promueve la trata para la explotación sexual.
3. No supone un control de la industria del sexo, la expande.
4. Aumenta la prostitución de calle.
5. Promueve la prostitución infantil.
6. No protege a las mujeres que están en situación de prostitución.
7. Aumenta la demanda de la prostitución. Incentiva a los hombres a comprar sexo de paga en un entorno social más permisible y de mayor aceptabilidad.
8. No promueve una mejora de la salud de las mujeres.
9. No aumenta las posibilidades de elección de las mujeres.
10. Las mujeres que están dentro de la prostitución no quieren que se legalice o despenalice la industria del sexo.

Por todo lo anterior, las y los firmantes rechazamos categóricamente la reglamentación de la prostitución como trabajo no asalariado (o asalariado), ya que legitima una actividad que enmascara la trata y la explotación sexual en la que las mujeres, las y los adolescentes, las niñas y los niños son reducidos a objetos que se pueden comprar, vender o alquilar bajo el neoliberalismo salvaje impuesto por el capitalismo y la globalización de la industria del sexo.

Y, atentamente, solicitamos al Congreso de la Ciudad de México, Primera Legislatura, que:

PRIMERO. – Se desechen las iniciativas que intentan reglamentar la prostitución en la Ciudad de México, por que contravienen el marco jurídico nacional e internacional de los derechos humanos, lo que se ha intentado ya por cinco legislaturas consecutivas y que no ha prosperado por no estar apegado a derecho.

SEGUNDO. – Derogar la sanción establecida en la Ley de Justicia Cívica, para las personas en situación de prostitución, porque esa acción se ajusta a lo establecido en el Artículo 6 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.

TERCERO. – Legislar para obligar a que se diseñen y pongan en práctica políticas públicas de salida de la prostitución y se doten de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales para todas las personas habitantes de la Ciudad de México para que el ejercicio de esos derechos sean una realidad y sean vinculantes, y no estén a expensas del gobernante en turno.

CUARTO. – Otorgarnos una audiencia con las Comisiones de Justicia, de Participación Ciudadana y de Igualdad de Género, para discutir nuestra propuesta.

QUINTO. – Organizar un Foro para la discusión de la o las iniciativas, bajo el esquema de Parlamento Abierto, con la participación de las OSCs que conformamos el Frente Nacional Feminista Abolicionista, porque nuestra voz también cuenta.

Con información de FRENTE NACIONAL FEMINISTA ABOLICIONISTA

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¿Qué significa que se haya despenalizado el aborto en Oaxaca? / Foto de twitter

¿Qué significa que se haya despenalizado el aborto en Oaxaca?

Por Sandy Choreño

@Efecto Violeta-Migración afectiva

El día de ayer, se aprobó en la Cámara de diputados local, reformas a diversos artículos del Código Penal cuyo fin es despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación. Esto, en términos llanos, significa que no se podrá encarcelar a las mujeres en el Estado de Oaxaca por interrumpir su embarazo sin importar los motivos que los lleven a ello.

Sin embargo, me gustaría ahondar sobre qué es lo que representa, en una sociedad como la nuestra, un cambio de este tipo. Porque, una podría pensar que las y los diputados que votaron a favor entraron en razón por medio de una varita mágica y les “concedieron” el derecho de decidir sobre sus cuerpos a las mujeres oaxaqueñas. Pero no, esta discusión llevó años de confrontación entre las personas que defienden al óvulo desde su fecundación y las dicen que la persona se forma hasta la semana 13.

Una reforma así, ha significado años y años de convencer a muchos sectores de la sociedad, de que:

  1. Las mujeres podemos tomar decisiones para que nuestra vida e intereses no se vean afectados, y que
  2. No somos máquinas obligadas a parir hijos o hijas no deseados.

Una reforma así, protege a las mujeres y niñas más pobres y vulnerables de Oaxaca. Significa que tendrán la oportunidad de no tener hijos/as de sus violadores, y que podrán tener la libertad de cortar los ciclos de violencia que se repiten de generación en generación.

Significa que las mujeres que ayudan a otras a abortar, nunca más deberán estar en la sombra preocupándose y gastando su dinero para ayudar a otra a librarse de ese destino maldito que la sociedad patriarcal le quiere imponer.

Significa que se ha hecho un trabajo quirúrgico en ese Congreso. Los 24 votos a favor que permitieron el cambio a la ley, costaron sudor y lágrimas de muchas mujeres, persuadiendo a las y los tomadores de decisiones de votar de la forma que lo hicieron. Insisto en que se nota el trabajo de las organizaciones civiles y de las feministas, porque quienes debatían usaban palabras como: violencia, discriminación, estigmas, estereotipos, libertad, autodeterminación, derechos, y todas esas palabras que sólo se escuchan en las pláticas de mujeres y que solo nosotras sufrimos a diario y sabemos qué implican.

Significa que nunca morirá ninguna otra mujer por interrumpir un embarazo, que nunca más seremos víctimas de charlatanes y cobardes que se esconden tras clínicas clandestinas.

Significa que las mujeres somos reconocidas como seres humanos con derechos reproductivos, capaces de discernir sobre la viabilidad de ser madres o no.

Es por eso que el asunto no es menor. Detrás de eso hay muchas muertas, muchas mujeres encarceladas injustamente, muchas víctimas del sistema de justicia patriarcal que a diario nos repetía que hasta un óvulo fecundado estaba por encima de nosotras.

Cabe aclarar, que esta reforma no avala que los hospitales locales te practiquen un aborto gratuito; únicamente no te criminalizarán por hacerlo.

  • DATO: Desde el 2007 hasta el 2019 se han realizado 214,165 abortos en la Ciudad de México, sin que las mujeres hayan sufrido ningún tipo de consecuencia. Es decir, hay 99.9% de eficiencia en esta política pública -como ninguna otra- aplicada en la CDMX.

Ni más, ni menos.

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Oaxaca hace historia, se convierte en la segunda entidad en despenalizar aborto / Foto: Cimac Noticias

Oaxaca hace historia, se convierte en la segunda entidad en despenalizar aborto

Oaxaca, Oax. Con 24 votos a favor y 10 en contra, este día el congreso de Oaxaca aprobó una reforma al Código Penal para despenalizar el aborto hasta antes de la semana 12 de gestación, con lo que el estado se convierte en la segunda entidad del país en garantizar este derecho para las mujeres.

Las y los legisladores que votaron a favor fueron Elima Antonio Aquino, Leticia Collado Soto, Saúl Cruz Jiménez, Mauro Cruz Sánchez, Othón Cuevas Córdova, Elena Cuevas Hernández, Noé Doroteo Castillejos, Karina Espino Cuevas, Migdalia Espinoza Manuel, Laura Estrada Mauro, Elizabeth Guzmán Díaz, Inés Leal Paez Magaly López Domínguez.

Así como Rocío Machuca Rojas, Pavel Meléndez Cruz, César Morales Niño, Gloria Sánchez López, Aleida Serrano Rosado, Luis Silva Romo, Griselda Sosa Vázquez, Horacio Sosa Villavicencio, Timoteo Vázquez Arango, Elisa Zepeda Lagunas.

Tras la votación, los grupos feministas integradas en la colectiva Marea Verde Oaxaca, estallaron en aplausos y consignas, mientras tanto los grupos religiosos y provida, acusaron de asesinos a los diputados y diputadas que votaron por la reforma al Código Penal.

CIMACFoto: Citlalli López Velázquez

Cabe recordar que en septiembre de 2009, el congreso local modificó el artículo 12 de su constitución local para “proteger la vida desde la fecundación” con lo que las mujeres que interrumpieran su embarazo serían criminalizadas. La medida causó que desde abril de 2007, cuando la Ciudad de México despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, al 25 de julio de 2019, 369 oaxaqueñas acudieran a la Ciudad de México para interrumpir un embarazo, de acuerdo con datos de la Secretaría de salud de la Ciudad de México.

Con información de Cimac Noticias

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Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y Aborto Autogestivo

Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y Aborto Autogestivo

Por Ana Elena Contreras

“Si una mujer no tiene derecho a su cuerpo, entonces ¿a qué tiene derecho?

Si las mujeres no son dueñas de sus cuerpos, entonces ¿de qué son dueñas?”

Graciela Hierro.

En casi todos los estados de la república mexicana prevalecen legislaciones restrictivas en relación al aborto, caso contrario de lo que ocurre en la Ciudad de México, donde desde hace doce años se despenalizó la interrupción del embarazo a raíz de la recomendación del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés): “Armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la recomendación general núm.24 del Comité”, razón por la cual, miles de mujeres del país deben de trasladarse a la Ciudad de México para acceder a la Interrupción Legal de Embarazo (ILE), en donde el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación.

Según el portal de la Secretaría de Salud de la CDMX, de abril del 2017 a mayo del 2018 se han realizado 196 mil 178 abortos en total, de los cuales 137 mil 903 abortos realizados fueron practicados a usuarias de la Ciudad de México, y el resto, que suma un total de 58 mil 275, se practicaron a usuarias de otros estados de la república. Dichas cifras dejan en claro la demanda de las mujeres, la vulneración a sus derechos humanos sexuales y  reproductivos, así como el incumplimiento del Estado de seguir la recomendación de la CEDAW debido a una negativa puritana, moralina y sumamente machista que vulnera los derechos de las mujeres y que pone en riesgo sus vidas.

Estigma y violación de los Derechos Humanos de las mujeres

El aborto es un evento reproductivo de las mujeres, sucede todos los días, ha sucedido desde tiempos inmemorables y continuará sucediendo. Aunque la sociedad conservadora, patriarcal y de doble moral siga intentando ocultar este hecho, y sobretodo culpando y estigmatizando a las mujeres por un acontecimiento que es su derecho, el movimiento feminista continuará trabajando por el reconocimiento pleno del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

¿Las leyes son patriarcales? Las feministas señalan la manera en que la legislación está diseñada para perseguir y sancionar a las mujeres, nunca a los hombres, tal vez porque los señores legisladores piensan que cada uno de esos embarazos fueron concebidos con intervención divina y no por la intervención de otro hombre.

Sin importar las razones, ni los motivos, la iglesia y los grupos pro-vida no tienen descanso en sus campañas satanizadoras y de manipulación, algo que se traduce en un peligro para la vida de miles de mujeres en nuestro país. Puesto que esta negativa a garantizar el acceso a la interrupción del embarazo, representa un serio problema de salud pública y vulnera a las mujeres más precarizadas del país, incluso, logra poner en riesgo la vida, es decir, un claro ejemplo de violencia feminicida. Un caso emblemático de esta violencia machista es el de Reina Panzo, originaria de Zongolica, Veracruz, quien tuvo un aborto espontáneo y fue detenida por las autoridades tras ser acusada por el delito de “homicidio doloso”, sentenciada a 35 años de cárcel, en un proceso lleno de irregularidades e inconsistencias. Tras estar encarcelada 11 años y cinco meses fue liberada por falta de pruebas.

La negación de un derecho, un peligro de muerte permanente

La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, en el informe “El acceso a la justicia y al aborto legal: exigencias del Comité CEDAW a México 2015″, expone que la tasa de mortandad nacional se mantuvo del 2012 al 2014 con un número de 3.5 muertes por abortos inseguros, siendo el año 2011 el que más muertes tuvo, con un total de 140 muertes por abortos inseguros a nivel nacional.

Es posible cambiar el panorama de los abortos clandestino y prevenir casi todos los casos de muerte a consecuencia de un aborto mediante la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos eficaces y la práctica de un aborto legal, seguro y gratuito. Derechos que debe garantizar el Estado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres con embarazos no deseados (incluidas las adolescentes) ven obstaculizado el acceso al aborto seguro debido a la legislación restrictiva, poca disponibilidad de servicios, costos elevados, estigmatización, objeción de conciencia de personal sanitario y suministros de información engañosa, por mencionar algunos ejemplos.

El derecho de las mujeres para decidir sobre su cuerpo.

Amnistía Internacional lanzó una campaña en el 2018 con el hashtag #MiCuerpoMisDerechos, la cual ha permanecido como exigencia en las voces de las mujeres y feministas para defender su derecho a decidir sobre sus cuerpos. Ya que se hace evidente que el Estado cuestiona el derecho de las mujeres a expresar su sexualidad y a tomar decisiones sobre sus cuerpos.

Las mujeres y feministas ante la sistemática vulneración a sus derechos sexuales y derechos reproductivos, decidieron que si el Estado niega los derechos que les corresponden, ellas se apropiarían de los mismos. Es así como surgen grupos de Aborto Autogestivo, por ejemplo, Misovarias AAA (Acompañamiento al Aborto Autogestivo), quienes desde hace más de dos años han realizado cientos de acompañamientos a quienes lo necesitan a nivel nacional. Aquí algunas de sus integrantes, quienes nos comparten sus experiencias, conocimientos, complicidades y el posicionamiento político ante esta problemática:

Alma Osiris, una de sus fundadoras, indica que “el acompañamiento cercano, presencial y sensible, es un universo que brinda la posibilidad de generar nuevas rutas de acción desde quienes  acompañan el aborto. Personalmente, no es mi prioridad pedir permiso al Estado para abortar. Los derechos también se ejercen desde la ilegalidad. Y en esta realidad estamos muchas personas abortando. La ilegalidad vislumbra muchas realidades desde donde se pueden construir actos sororales.”  

Lilia Oliva considera que una de las problemáticas que continúan persistiendo y que son de las principales razones de la existencia de éste tipo de redes es “la satanización del aborto y el juicio a las mujeres que se atreven a realizarlo. Grupos como MisOvarias deben permanecer hasta que se logre que el aborto no sea visto como un problema, hasta que toda mujer sepa cómo llevarlo a cabo de manera segura, hasta que la mirada sea una y la mujer en verdad sea dueña de su cuerpo”

Para Mariana Roa hablar de la satisfacción de este trabajo sororo y gratuito es fundamental, la red le ha ayudado a darse cuenta que acompañar abortos es algo que toma relativamente poco esfuerzo, pero puede crear una gran diferencia. ”Es un trabajo constante que es parte de mi vida, es sustentable, y tiene efectos muy tangibles. He aprendido mucho sobre el cuerpo, las emociones, y el sistema legal en relación a nuestra sexualidad y reproducción.”

Ante esta problemática, señaló que Misovarias AAA no son las únicas abortistas insumisas y subversivas, las redes sociales están inundadas de mujeres en resistencia, que se están apropiando del derecho a decidir sobre sus cuerpos. Retomo las palabras de Alma Osiris: “los derechos también se ejercen desde la ilegalidad”, y agregó que las feministas no dejaremos de abortar ni dejaremos de acompañar a otras mujeres a abortar, sin importar distancias ni circunstancias,nosotras seguiremos abortando en libertad.

¡#Prepárate para el #28s Tenemos pañuelos en apoyo a los #derechos#sexuales y reproductivos de las #mujeres! Informes por inbox en nuestra página de facebook @lasdelaquelarre.feministas. Pregunta por nuestra oferta.

Ana Elena Contreras, es abogada, feminista y activista por los derechos humanos de las mujeres. Es miembra de la Colectiva Las del Aquelarre Feminista. Fue analista de Políticas públicas para Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Analista Jurídica para la misma Secretaría en el proyecto de Estudio del enfoque de DDHH del trabajo de la XVI legislatura de la ALDF, y Coordinadora de Espacios de Participación, donde facilitó tres espacios: el de Derechos de las Mujeres, Derechos de las Personas Víctimas de Trata y formas de explotación, y el de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. IMPORTANTE: todas las opiniones (incendiarias) aquí vertidas, son a título personal, no representa en absoluto una postura institucional, ni está relacionada con su vida laboral.

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